Red de minería ilegal que operaba en Condorcanqui deja cinco capturados en operativo nacional
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional ejecutaron detenciones simultáneas en Trujillo, Lima, Piura y Chiclayo contra cinco presuntos integrantes de una organización criminal vinculada a la minería ilegal que operaba en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Cinco capturados en cuatro regiones, once en la mira
Las detenciones se ejecutaron de forma simultánea el 6 de octubre de 2026 en cuatro regiones del país: Lima, La Libertad, Piura y Lambayeque. Los cinco capturados son Erick Villavicencio, intervenido en Trujillo; Estuardo Izquierdo y Marco Chiroque, detenidos en Lima; José Escalante, capturado en Piura; y Billy Villavicencio, intervenido en Chiclayo.
Las capturas forman parte de una orden judicial que contempla un total de once detenciones preliminares. Las acciones policiales y fiscales continúan para ejecutar las intervenciones pendientes, por lo que no se descarta que el número de detenidos aumente en las próximas horas.

Diez inmuebles allanados y múltiple material incautado
Durante los allanamientos —diez inmuebles en total— las autoridades incautaron celulares, tarjetas de memoria, equipos de cómputo, dinero en efectivo, documentación relacionada con actividades mineras y un arma de fuego. El conjunto del material recuperado será analizado por los fiscales para reforzar la investigación en curso.
La variedad de los bienes incautados refleja la escala del esquema: equipos de comunicación, registros físicos y el arma apuntan a una estructura que no solo extraía minerales, sino que también gestionaba información y contaba con capacidad para operar en distintas ciudades del país al mismo tiempo.
Qué se les imputa
La FEMA investiga a los detenidos por los presuntos delitos de organización criminal, minería ilegal, posesión ilegal de armas y tráfico de insumos químicos y maquinaria destinados a operaciones mineras ilegales. La acumulación de cargos indica que la fiscalía no apunta solo a los ejecutores directos de la extracción, sino al engranaje completo que la sostiene: financiamiento, logística y provisión de insumos.
Según la investigación, la organización habría operado en la provincia de Condorcanqui, en la selva de Amazonas, territorio que alberga comunidades indígenas awajún y wampis, y ecosistemas amazónicos de alta sensibilidad ambiental.

La clave del caso: información privilegiada para evadir operativos
Uno de los hallazgos más significativos de la investigación señala que la red contaba con información privilegiada sobre las acciones de las autoridades. Ese acceso les habría permitido anticiparse a los operativos de interdicción y mantener sus actividades sin ser detectados durante un período prolongado.
Ese dato reencuadra el caso: no se trataría de mineros informales actuando de forma aislada, sino de una estructura organizada con capacidad de inteligencia propia frente al Estado. La pregunta que deberá resolver la investigación es desde dónde llegaba esa información y si existían contactos dentro de las instituciones encargadas del control.


