Cinco menores fueron reconocidos por sus padres en penal de Chachapoyas
La intervención de la Defensoría del Pueblo, RENIEC e INPE permitirá que los niños y adolescentes accedan a su DNI y a servicios de salud y educación
La Oficina Defensorial de Amazonas logró que cinco niños y adolescentes sean reconocidos voluntariamente por sus padres, internos del Establecimiento Penitenciario de Chachapoyas. La intervención, realizada en el marco del programa Rompiendo Cadenas, permitirá a los menores acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI) y a servicios esenciales del Estado como salud y educación.
Intervención articulada garantiza el derecho a la identidad de menores en Amazonas
El derecho a la identidad de niños en el penal de Chachapoyas fue garantizado gracias a una acción coordinada entre la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La intervención se concretó a solicitud de las propias personas privadas de libertad, quienes expresaron su voluntad de reconocer a sus hijos ante las instituciones competentes.
Esta actuación se desarrolló en el marco del programa Rompiendo Cadenas, impulsado por la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es garantizar que los hijos de personas recluidas no vean vulnerados sus derechos fundamentales por la situación de sus progenitores.
Gracias al trabajo articulado de las tres instituciones, los cinco menores de edad podrán obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI), documento indispensable para el acceso a servicios del Estado en materia de salud, educación y desarrollo integral.
Una acción que fortalece vínculos familiares y favorece la reinserción social
Además de garantizar el derecho a la identidad de niños y adolescentes, la intervención tiene un impacto directo en el fortalecimiento de los vínculos familiares entre los menores y sus padres internos. Según la Defensoría del Pueblo, este tipo de acciones también favorece los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad, al consolidar sus responsabilidades parentales desde un enfoque de derechos.
La acción evidencia que la coordinación interinstitucional entre entidades del Estado puede traducirse en resultados concretos para poblaciones en situación de vulnerabilidad, en este caso, niños y adolescentes que, por carecer de un documento de identidad, enfrentaban barreras para acceder a servicios esenciales.