Comisión aprueba 27 facultades para el Gobierno

La oposición intentó bloquear la sesión, no pudo

El lunes 19 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad de los presentes el predictamen que delega 27 materias legislativas al Poder Ejecutivo. El número supera en siete puntos el paquete que la Cámara de Diputados había enviado al Senado.

Las bancadas opositoras decidieron no asistir para dejar sin quórum a la comisión, en protesta por la sesión previa, en la que el presidente de la mesa, Carlos Mesía, se negó a validar una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui para delimitar el alcance de las facultades. La estrategia no funcionó: el senador Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras, se presentó y completó el mínimo de siete parlamentarios exigido por el reglamento.

Cómo quedó el dictamen

La mesa directiva tomó como base las 20 materias remitidas por la Cámara Baja y sumó siete iniciativas adicionales propuestas desde la propia comisión. Se retiró una propuesta sobre la carrera del servidor público por no contar con respaldo formal del Ejecutivo.

Uno de los puntos más discutidos fue el referido a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El senador Astucuri solicitó excluir ese extremo del texto; sin embargo, tras un cuarto intermedio dispuesto por Mesía, la Secretaría Técnica mantuvo el control de la DINI en la redacción final. El predictamen cerró con 27 puntos y pasó al Pleno.

Por qué esto genera ruido

Las facultades legislativas permiten al Ejecutivo emitir decretos con rango de ley en las materias autorizadas, sin que cada norma pase por el proceso legislativo habitual. Eso reduce el debate previo y la fiscalización parlamentaria sobre cada medida concreta.

Algunos de los campos incluidos en la delegación, como inteligencia, geolocalización, migración y seguridad, tienen incidencia directa sobre derechos ciudadanos. Delegar esas materias al Ejecutivo no garantiza que las normas resultantes cuenten con los controles adecuados, y cuanto más amplio o ambiguo sea el mandato, más relevante resulta el seguimiento posterior de cómo se aplica.

Además, otorgar más herramientas legales no resuelve por sí solo el problema que justifica la delegación: la eficacia en seguridad depende también de la investigación policial, los fiscales, los jueces y la capacidad de ejecutar las medidas en el territorio.

El intercambio entre oficialismo y oposición

La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, acusó al oficialismo de forzar la votación de materias no consensuadas e ignorar un oficio multipartidario presentado con anterioridad. Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, sostuvo que no había condiciones democráticas para la reunión y cuestionó la reincorporación de puntos que la Cámara Baja ya había rechazado. Susana Matute denunció la celeridad del proceso y afirmó que desde la Comisión de Constitución no se ejerció un rol democrático real.

Desde el oficialismo, la senadora fujimorista Patricia Juárez respondió que la inasistencia opositora perjudica a los más vulnerables. Al cierre de la sesión, ofreció una rueda de prensa junto a tres sillas vacías con los logotipos de los partidos ausentes y calificó a los legisladores que no asistieron de cómplices del crimen.

Jorge Nieto, líder del Buen Gobierno, reveló que la oposición había propuesto al oficialismo aprobar los 20 puntos originales y tramitar los siete adicionales como proyectos de ley ordinarios. La propuesta no prosperó.

Qué sigue: el Pleno necesita 66 votos

Con el dictamen en mano, la delegación de facultades pasa ahora al Pleno del Senado. Para su aprobación constitucional se requiere una mayoría calificada de 66 votos.

La propia senadora Luque anticipó que, con el acuerdo entre Fuerza Popular, Renovación Popular y Partido Cívico Obras, el oficialismo tendría alrededor de 32 o 33 votos asegurados en el Pleno. El debate plenario estaba previsto para el martes 20 o el miércoles 21 de octubre.