Hasta 35 años de prisión por el sicariato del Apu Quinto Inuma Alvarado en San Martín
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a cuatro personas por el sicariato del Apu Quinto Inuma Alvarado, líder de la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. El crimen ocurrió el 29 de noviembre de 2023 en el río Yanayacu, cuando la víctima viajaba en una embarcación. Las penas van desde 15 hasta 35 años de prisión efectiva.
Quiénes son los sentenciados y qué pena recibió cada uno
La Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Tercer Equipo) logró la condena de cuatro acusados. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz recibieron 35 años de pena privativa de la libertad. Segundo Juan Villalobos Guevara fue sentenciado a 28 años y cuatro meses. Jerly Saboya Saboya, procesado en calidad de cómplice primario, recibió 15 años.
El juzgado determinó que los cuatro planearon y ejecutaron la muerte del Apu porque se oponían a su labor de defensa de derechos humanos y ambientales. Inuma Alvarado había presentado diversas denuncias contra los acusados para frenar la deforestación de bosques y otros delitos, incluido el tráfico ilícito de drogas en el territorio de la comunidad.
El ataque también dejó heridos entre los otros ocupantes de la embarcación. Axeldina Barbaran Tapullima recibió impactos de multiproyectiles de arma de fuego.
Un defensor con medidas de protección que no bastaron
Quinto Inuma Alvarado no era un objetivo desconocido para el Estado. La Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo había reconocido formalmente como defensor de derechos humanos y, tras registrar múltiples ataques previos contra él y otros miembros de su comunidad, activó el Procedimiento de Alerta Temprana y le otorgó medidas de protección. Pese a ello, el atentado planificado por los sentenciados le costó la vida el 29 de noviembre de 2023.
El juicio y el peso de la prueba
Durante el juicio oral, los fiscales Juan Alberto Orihuela Legonía y Paloma María Andaluz Queirolo presentaron prueba personal, documental y pericial que acreditó la responsabilidad de los cuatro condenados. El Ministerio Público señaló que este resultado reafirma su compromiso con la investigación y sanción de los crímenes cometidos contra pueblos indígenas y defensores ambientales, incluso en zonas alejadas del país.