Nueva norma modifica la legítima defensa

Qué cambia con el Decreto Legislativo 1743

El Poder Ejecutivo publicó el 9 de noviembre de 2026 el Decreto Legislativo N.° 1743, que modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal. Ese artículo establece quiénes quedan exentos de responsabilidad penal; entre ellos, quien actúa en defensa propia o de terceros, incluso con uso de fuerza letal, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

El cambio más importante es la incorporación de una presunción de racionalidad a favor de quien ejerce la legítima defensa. En términos prácticos: la ley ya no exige que el ciudadano pruebe que actuó de forma razonable. Ahora es el Ministerio Público el que debe demostrar que el uso de la fuerza fue desproporcionado o irracional.

Fuera la proporcionalidad, dentro el contexto real

La norma también elimina el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar si la defensa fue necesaria. En su lugar, establece que los jueces y fiscales deben analizar el conjunto de circunstancias concretas del momento: la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de actuar del agresor, los medios que tenía disponibles quien se defendió y los bienes jurídicos en juego.

Además, la ley es explícita en un punto que antes quedaba al criterio del operador de justicia: la racionalidad debe evaluarse desde la perspectiva de quien se defiende y conforme a las circunstancias que existían en el instante de la agresión, no desde el escritorio de un fiscal ni a toro pasado.

Decisiones judiciales con motivación obligatoria

Otro cambio con consecuencias directas es la exigencia de motivación cualificada. Toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad —es decir, que concluya que quien se defendió actuó de manera irracional— deberá explicar con detalle por qué llega a esa conclusión. Si no lo hace, la resolución será nula.

Esta regla no aplica solo a los casos nuevos: también alcanza a los procesos que ya están en trámite, cuando se discuta si corresponde o no la exención de responsabilidad penal por legítima defensa.

Qué deben hacer los fiscales desde ahora

El decreto modifica también el Código Procesal Penal. Se incorpora un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334, que regula las atribuciones del fiscal en la etapa de investigación preliminar.

La nueva regla obliga al fiscal a emitir un pronunciamiento definitivo en los casos donde se investigue una posible actuación en legítima defensa. Si comprueba que concurren todos los supuestos legales, deberá declarar que no procede formalizar ni continuar la investigación y ordenar el archivo de lo actuado. No habrá margen para mantener el caso abierto de forma indefinida cuando los hechos encajen claramente en la legítima defensa.