Protocolo para manejo de cadáveres en desastres
El Ejecutivo publicó este domingo 18 de octubre los lineamientos que ordenan cómo deben actuar las instituciones del Estado ante muertes masivas provocadas por emergencias o desastres, un instrumento que el INDECI tenía pendiente de oficializar durante 2026.

Un protocolo que llegó tarde, pero que era necesario
El Gobierno formalizó este domingo los "Lineamientos para la Gestión y el Manejo de Cadáveres y Restos Humanos en situaciones de emergencias y desastres" mediante la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 005-2026-PCM/SGRD, publicada en el diario oficial El Peruano.
La norma establece cómo deben articularse las instituciones del Estado —Policía Nacional, Ministerio Público, personal de salud, gobiernos locales y otras entidades— cuando una emergencia o desastre deja víctimas mortales cuyos restos deben ser recuperados, identificados y entregados a sus familias. El objetivo declarado es garantizar un manejo "seguro, adecuado, respetuoso y digno".
Lo que hace relevante esta aprobación no es solo su contenido, sino su historia. El propio INDECI había reportado durante 2026 que estos lineamientos estaban todavía "en elaboración", es decir, que la institución responsable de la defensa civil en el país carecía hasta ahora de reglas específicas para uno de los escenarios más críticos que puede enfrentar: la muerte masiva de personas tras un desastre.
Qué ordena la nueva norma
Los lineamientos se inscriben dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y complementan instrumentos ya existentes. El Plan Nacional de Operaciones de Emergencia (PNOE), aprobado en 2022, ya contemplaba el manejo de cadáveres dentro de las acciones de salud, pero sin el nivel de detalle ni la articulación interinstitucional que esta resolución busca establecer.
La norma vincula el procedimiento con los planes de gestión reactiva que deben elaborar las entidades públicas de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. También dispone que los lineamientos sean publicados en las plataformas digitales de la PCM y del INDECI para su difusión.
La propuesta fue elaborada por el INDECI y respaldada con informes técnicos y legales antes de ser elevada a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación.
Por qué importa en un contexto de alerta por El Niño
La aprobación ocurre en un momento en que el Ejecutivo advierte que el fenómeno El Niño podría superar los escenarios previstos. La presidenta Keiko Fujimori ha convocado a las familias en zonas de alto riesgo a identificar rutas de evacuación y preparar mochilas de emergencia, y ha señalado que el Gobierno trabaja en albergues para unas 30.000 personas. Al mismo tiempo, reconoció que un eventual meganiño podría ser mayor a lo que las obras ejecutadas pueden contener.
En ese contexto, contar con reglas claras para el manejo de cadáveres adquiere una dimensión práctica inmediata. Un desastre de gran magnitud no solo destruye infraestructura o desplaza población: también puede generar un número elevado de víctimas mortales cuya recuperación e identificación exigen coordinación entre múltiples instituciones. La ausencia de un protocolo articulado puede complicar ese proceso y afectar el derecho de las familias a saber qué ocurrió con sus seres queridos y a recibir sus restos.

Lo que falta para que la norma funcione
La aprobación del instrumento es un primer paso, pero su efectividad dependerá de factores que la resolución por sí sola no garantiza: personal capacitado, recursos disponibles, coordinación previa entre instituciones y procedimientos ensayados antes de que ocurra la emergencia.
En Amazonas, la gestión del riesgo de desastres ha estado marcada por sus propias dificultades institucionales. La Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional enfrentó en 2026 señalamientos de la Contraloría General de la República por irregularidades en una licitación pública, lo que derivó en el inicio de acciones legales contra su gerente. Ese tipo de debilidades institucionales son precisamente las que pueden comprometer la aplicación real de normas como la que acaba de aprobarse.


