Defensoría exige atención a niña abusada en Nieva

El Estado llegó tarde y sin recursos

Una niña de 7 años de la comunidad nativa Nueva Yahuahua fue trasladada en la chalupa León XIV del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) desde el centro poblado de Urakusa hasta Santa María de Nieva para recibir atención médica, psicológica y legal tras ser víctima de violación sexual. El presunto agresor es un vecino de la comunidad que, además, sería hermano de uno de los Apus del lugar. Hasta el cierre de esta nota, se encuentra no habido.

La intervención fue interinstitucional: participaron el Programa Nacional Warmi Ñan del MIMP, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y el MINSA. Un intérprete de lengua awajún acompañó las diligencias para explicar a la madre —quien expresó disposición a colaborar— el alcance de las medidas de protección. Profesionales del Centro Emergencia Mujer y Familia del MIMP en Condorcanqui brindaron atención psicológica a la niña y su progenitora.

Hasta ahí, el protocolo funcionó. El problema llegó al retornar a Nieva.

Sin legista disponible, sin presupuesto para lo básico

Al llegar a Santa María de Nieva, las instituciones se toparon con una doble falla. La primera: no había personal médico legista disponible para realizar las evaluaciones correspondientes. Según informó la fiscal a cargo del caso, dicho personal recién estaría disponible a partir de las 9:00 p. m., generando una demora inaceptable en diligencias que, por la edad de la víctima y la naturaleza de los hechos, exigen la mayor celeridad posible.

La segunda falla fue aún más concreta: nadie tenía presupuesto para alimentar o alojar a la niña y su madre mientras esperaban. La Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) de Condorcanqui informó que no contaba con fondos para cubrir esos gastos. El CEM de Nieva comunicó las mismas limitaciones económicas.

En otras palabras: una niña de 7 años, víctima de violación sexual, tuvo que esperar horas sin que ninguna institución del Estado pudiera garantizarle siquiera un plato de comida.

Lo que exige la Defensoría

El Módulo Defensorial de Condorcanqui calificó la situación de inaceptable y emitió exigencias dirigidas a cada institución involucrada.

Al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal: garantizar la disponibilidad oportuna de personal especializado, sin demoras injustificadas ni prácticas que impliquen revictimización. A la UDAVIT: asumir el acompañamiento logístico y económico de la niña y su madre durante todas las diligencias. Al CEM de Nieva: asegurar la atención psicológica, social y legal, y coordinar las condiciones de protección necesarias. A las autoridades de salud: garantizar la atención médica inmediata, sin supeditarla a las diligencias médico-legales.

La Defensoría también fue explícita en un punto con relevancia directa en territorios indígenas: ningún acuerdo o mecanismo de resolución comunal puede sustituir la intervención de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. El respeto a la diversidad cultural, señaló la institución, debe ser compatible con la garantía plena de los derechos de la niñez.

Un patrón que se repite en Condorcanqui

Este caso no ocurre en el vacío. En julio de este año, Darwin Chup Wasum, de 23 años, fue acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 6 años en la comunidad nativa Pantam Entsa, distrito de El Cenepa. La comunidad awajún lo capturó, escapó y fue recapturado. Antes, en septiembre de 2025, el Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) había alertado al Estado sobre más de 520 denuncias por violencia sexual contra escolares registradas en 15 años en Condorcanqui, además de un aumento preocupante de VIH infantil en la provincia.

La Defensoría del Pueblo indicó que continuará supervisando el caso para exigir que la niña reciba protección integral, recuperación y acceso efectivo a la justicia.