Indecopi multó a colegio de Chachapoyas

Cobros no autorizados, retención de documentos y vacantes incumplidas

Las infracciones detectadas por especialistas del Indecopi abarcan varios frentes. Para empezar, la institución operaba sin la autorización correspondiente a nombre de la persona jurídica que la gestiona, una irregularidad de base que afecta la validez misma de su funcionamiento formal.

A eso se sumaron cobros que la ley no permite: multas por inasistencia, pagos por retiro de documentos, libros y uniformes, e intereses moratorios por encima del tope legal establecido para este tipo de servicios.

El colegio también retenía certificados de estudios cuando los padres tenían pensiones pendientes y condicionaba la entrega de libretas de notas al pago de deudas. Ambas prácticas están expresamente prohibidas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que impide a los centros educativos usar documentos académicos como mecanismo de presión para el cobro.

Otras irregularidades apuntan a restricciones en la libre elección de las familias: la institución direccionaba la compra de útiles escolares hacia una marca específica y canalizaba la adquisición de uniformes a través del propio colegio. Además, exigía materiales de limpieza y aseo que no guardan relación directa con el servicio educativo que ofrecen.

En el ámbito de la inclusión, la Comisión determinó que el colegio no reservó las vacantes exigidas por ley para estudiantes con necesidades educativas especiales, un incumplimiento que afecta directamente el acceso a la educación de uno de los grupos más vulnerables.

Qué debe corregir el colegio

Junto con las multas, el Indecopi emitió medidas correctivas concretas. La institución debe cumplir con sus obligaciones de información hacia los padres de familia, abstenerse de aplicar intereses moratorios que superen el límite legal y adecuar su proceso de selección de textos escolares a la normativa vigente.

La sanción quedó firme: la Resolución n.° 0195-2026/INDECOPI-SAM fue consentida al no ser apelada por el colegio. El documento es público y puede consultarse en el buscador de resoluciones del Indecopi ingresando el número 0195.

Por qué importa a los padres de familia de Amazonas

Este caso deja en evidencia prácticas que muchas familias de la región enfrentan sin saber que tienen herramientas legales para reclamar. Retener libretas o certificados por deudas, cobrar por uniformes desde el propio colegio o direccionar la compra de útiles son conductas que el Código del Consumidor prohíbe, y que el Indecopi puede sancionar a través de sus supervisiones en la región.

Padres de familia que identifiquen situaciones similares en otros centros educativos de Amazonas pueden presentar denuncias ante la Oficina Regional del Indecopi de San Martín, que tiene competencia sobre el departamento.